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Hidrovía y corrupción: una visión del río que naufraga

La Coalición Ríos Vivos, como la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, viene desde hace años denunciando el descontrol existente en relación a la protección de los ecosistemas asociados al sistema de humedales y sus gentes, en el contexto de los dos grandes ríos que lo constituyen.

La Coalición Ríos Vivos, integrada por más de 300 organizaciones de todo el continente, logró frenar la destrucción de una decena de los denominados pasos críticos del río, como diques sumergidos y rocosos, de existencia milenaria y natural, que regulan el funcionamiento hídrico del río Paraguay y también el Paraná en el escenario natural de la diversidad de sus humedales, pueblos, culturas.

Diversos organismos de control de la República Argentina, desde fines del siglo pasado se vienen pronunciando con mucha claridad respecto al descontrol administrativo, técnico, ambiental y social del mega proyecto en plena ejecución Hidrovía Paraguay Paraná. En este sentido se han pronunciado tanto la Auditoría General de la Nación como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación -en aquella recordada Resolución del año 1998 que citamos en el artículo titulado “La hidrovía no existe para el Ministro Bergman”-, lo que constituye una demostración de la escala de impunidad en todo el proceso de concesiones.

El propio Ministerio de Ambiente de la Nación ha reconocido su no intervención en la evaluación de los estudios de impacto ambiental concernientes al proyecto Hidrovía por lo menos en los últimos 18 años. Disponemos de respuestas oficiales que desnudan el desmanejo y la absoluta falta de conciencia respecto a la naturaleza del valor del río  y de las consecuencias de acciones irresponsables y arbitrarias.

Los ahora públicos casos de presunta corrupción, que concretamente refieren a soborno para la renovación de contratos de concesión de servicios  en el contexto del mega proyecto en ejecución, es la demostración más fehaciente del nivel de desinterés, complicidades y descontrol sistemático que ha primado en el Estado Nacional a la hora de la gestión sobre uno de los aspectos más preciados de vida e identidad que alumbran este territorio: el agua.

Lo que observamos en la actualidad es una historia de latrocinio que sale a luz por  contar entre sus involucrados a los altos mandos del poder durante mas de una década en Argentina,  pero tenemos muy presente que afrontamos un proceso mucho más largo y aberrante en este sentido, vinculado a una lógica que se remonta a la década de los 90´ y que encarna, en definitiva, la visión que venimos a confrontar: los bienes de la naturaleza no representan en este escenario otra cosa que no sea una fuente de exctractivismo, lucro y ventaja.

Existen causas judiciales olvidadas por el Poder Judicial Federal, resoluciones muy claras de los órganos de control citados, sin avances  en resultados concretos.

Lo más grave es que si no se manifestaba este particular hecho de  supuesta corrupción , ahora denunciado, todo parecía seguir igual, es decir en una abierta impunidad en la existencia de subsidios millonarios durante mas de 20 años en la Argentina a un consorcio de Empresas, la belga del Grupo Jan de Nul y la Argentina ahora denunciada Emepa SA y con su Directivo más importante  (Gabriel Romero) como imputado colaborador o arrepentido.

Desde CAUCE creemos vital que esta investigación penal pueda también abrir las puertas a las otras investigaciones administrativas y judiciales para correr el velo de semejante descontrol institucional. Sería clave que esta red de complicidades pueda dar a luz la verdad de los hechos y las enormes incompetencias de  funcionarios del Estado Nacional desde el primer Decreto Nacional de concesión del año 1993.

Por todas estas razones la Fundación CAUCE ha realizado hace más de dos meses una queja formal  al Defensor del Pueblo de la Nación  donde requiere, entre otras solicitudes, la sistematización de todas las intervenciones y actos administrativos de la SIGEN, la Oficina Anticorrupción y la propia Institución del Defensor del Pueblo, así como un pedido de intervención y recomendación a los efectos de poner en valor el rol de la máxima autoridad ambiental  y del Congreso de la Nación en cuanto a su grave incumplimiento en la falta de construcción y sanción de una Ley Nacional de Estudios y Evaluación de Impacto Ambiental.

 

 

Valeria Inés Enderle

Directora Ejecutiva Fundación CAUCE

 

Jorge Daneri

Abogado, especialista en derecho ambiental, Fundación CAUCE.

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