Agrotóxicos: el STJ nuevamente en contra del amparo que protege escuelas rurales

*Por la Coordinadora Basta es Basta.

Un escándalo jurídico en Entre Ríos, otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes

El Superior Tribunal de Justicia en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial.

Además, esta decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda.

Es de suponer que estos jueces que integran el órgano máximo en la justicia entrerriana, son las personas más formadas en la materia. Por tanto ¿desconocen la gratuidad de la acción de amparo ambiental, otorgada en la propia Constitución de Entre Ríos?  ¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? Al mal denominado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial.

El Supremo Tribunal reunido casualmente con la Mesa de Enlace.

Desde Basta es Basta nos preguntamos qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo, una acción jurídica modelo que fue replicada en otros puntos del país. Según el fiscal este decreto que entró en vigencia el 1ero de enero, es “ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas”. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios.