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Banco Interamericano de Desarrollo: recomendaciones de la sociedad civil a su Marco de Políticas Sociales y Ambientales

En junio de 2019, con la publicación del borrador de la declaración de política de sostenibilidad ambiental y social de BID Invest (financiamiento destinado al sector privado), el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (GBID) comenzó un proceso de revisión y actualización de sus Políticas Ambientales y Sociales. El 20 de diciembre del mismo año, dando continuidad a tal proceso, publica el borrador del nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del BID (financiamiento destinado al sector público); a razón de lo cual, mediante un proceso de participación significativo, un grupo más de cincuenta (50) organizaciones de la sociedad civil, confeccionamos y presentamos un Documento de Recomendaciones.

Mientras se estaba a la espera de una respuesta por parte de BID Invest, respecto de las recomendaciones y comentarios efectuados al borrador de su Declaración de Política, desde la Sociedad Civil se continuó trabajando, pero en esta oportunidad en la revisión y análisis del borrador del MPAS del BID, con el objetivo de siempre: volver más precisas y concretas las políticas ambientales y sociales de los organismos que tanta injerencia económica y socioambiental tienen en nuestros territorios.

Este último proceso, constó de una primera instancia de consulta pública que finalizo el día 30 de abril de este año 2020, mismo día en que desde las Organizaciones Sociedad Civil se remitió al directorio del GBID el documento con las recomendaciones y comentarios al MPAS del BID.

Los comentarios y recomendaciones realizadas por la SC, marcan falencias y cuestiones a mejorar en la política del BID relacionadas a los procesos de consulta y participación de las comunidades afectadas y partes interesadas, y las instancias y documentos que deben abarcar los mismos; a los principios básicos que sigue la política, donde siempre de habla de “no causar perjuicios”, a la disminución de las responsabilidades del Banco o la delegación de las mismas en sus prestatarios; a la fijación de aquellas actividades que el BID debe exceptuar de financiamientos, como a aquellos casos en que no debería otorgar el mismo por otras incumplimientos; a las dificultades que presenta la institución en relación al control y monitoreo de los proyectos financiados; entre otros, los cuales se exponen a continuación de manera resumida:

a) Se solicita al BID que todos los documentos que conforman su Marco de Políticas Ambientales y Sociales, sean puestos a consulta de las comunidades afectadas y las partes interesadas. Esto incluye, el Manual de Implementación del mismo, y su Plan de Acción (capacitaciones al personal, presupuesto para las oficinas de seguimiento y control, otros).

b) El MPAS del BID, al igual que la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest, está guiado por el principio de “no causar perjuicios”. En la generalidad de su contenido, se estipula “prevenir, mitigar o minimizar los riesgos ambientales y sociales” dejando la posibilidad al “y si no es posible”; nunca se habla o reconoce como requisito generar un desarrollo sustentable, renovando o revitalizando los hábitats afectados. Esto, a su vez, se lograría dando mayor fortaleza a los mecanismos de recepción de quejas y reclamos, instaurando monitoreos comunitarios a los proyectos (llevados a cabo por organizaciones civiles ajenas a ellos y a los gobiernos), dando a la inclusión en todas sus formas, una transversalidad dentro del MPAS, entre otras cuestiones.

c) No dilución. En muchos apartados las responsabilidades del BID se diluyen, disminuyen o delegan en sus prestatarios, retrocediendo en comparación con el Marco de Políticas Actual, lo cual en definitiva va en detrimento de la consistencia, objetivos y credibilidad del MPAS. El BID no debe dejar de lado o disminuir sus responsabilidades en materia ambiental y social.

d) Se solicita al BID que el MPAS incorpore una lista de exclusión de actividades que son inconsistentes con los compromisos de sustentabilidad ambiental y social.

e) Supervisión e Implementación. En cuanto a esta temática el BID debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje a fin de evitar discrecionalidad e incumplimiento. Esta sección del MPAS esta plagado de lenguaje ambiguo, los cual es problemático porque se abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves, e impide establecer exigencias claras a los Prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco.

Asimismo, el BID debe aclarar cómo abordará el incumplimiento de salvaguardas y establecer un mecanismo claro para monitorear y denunciar el desempeño en materia de Salvaguardas, desarrollando y especificando procedimientos y criterios para detallar cuándo y bajo qué condiciones el BID aplicará medidas correctivas a un Prestatario que no cumple con las salvaguardias.

f) Mecanismo de Reclamación y Rendición de Cuentas. Debe requerirse a los Prestatarios que provean de información respecto al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) a las personas afectadas por un proyecto. Tal mecanismo brinda un rol institucional crítico en la evaluación del rendimiento ambiental y social del BID y en la promoción del aprendizaje continuo y mejora institucional. Sin embargo, el MICI no logrará cumplir este importante rol si las personas afectadas por el proyecto no están al tanto de su existencia y, por ende, no puedan elevarle sus preocupaciones.

Un Mecanismo de Reclamación efectivo debe ir más allá de ser mero receptor de quejas y pasar a ser un mecanismo de gobernanza social y ambiental local, que establezca sistemas de prevención de conflictos socio ambientales y esté preparado para ofrecer soluciones en el terreno, que fomenten prácticas de monitoreo comunitario, y/o veedurías a cargo de las comunidades y organizaciones locales.

g) Derechos Humanos y represalias. El compromiso con los derechos humanos debe quedar claro a nivel transversal del MPAS. El borrador los incorpora como un mero compromiso, sin integrarlos de manera efectiva y transversal. Asimismo, el BID debe integrar y aplicar un compromiso de tolerancia cero a las represalias dentro de su marco de políticas, el cual debe ser comunicado a los prestatarios desde el inicio de un proyecto y respaldado con acciones concretas en respuesta de aquellas represalias que se materialicen.

Como pasos siguientes en este proceso, el BID se ha indicado en su sitio web, que próximamente se prepara un segundo borrador de MPAS -que contendrá incorporadas a su criterio las recomendaciones y sugerencias recibidas en la primera instancia de consulta- y lo publicará para una nueva Instancia de Consulta, la cual estará abierta por plazo de treinta (30) días, durante el que se podrán remitir nuevos comentarios; y a la que este grupo de OSC estará totalmente atento, buscando lograr la incorporación en manera adecuada de todas las cuestiones mencionadas.

Por último, se aprovecha para recordar la adhesión de casi la totalidad de América Latina y El Caribe al Acuerdo de Escazú, el cual compromete a los países a garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

DOCUMENTO

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