El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta con media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados, propone cambios que implican un enorme retroceso para la protecci\u00f3n del ambiente.<\/p>\n
M\u00e1s de 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Senadoras y Senadores manifestando que el Proyecto contiene art\u00edculos que contradicen principios jur\u00eddicos nacionales e internacionales vigentes<\/strong>. Entre otros puntos, resaltan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresi\u00f3n ambiental contenido en el Acuerdo de Escaz\u00fa, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protecci\u00f3n ambiental ya alcanzados. Adem\u00e1s, alertan que se trata de un proyecto que pretende beneficiar a las actividades econ\u00f3micas primarias y extractivas<\/strong>, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el pa\u00eds en materia de cambio clim\u00e1tico en foros multilaterales.<\/p>\n Seg\u00fan la carta, el proyecto de ley permitir\u00eda la eliminaci\u00f3n de organismos fundamentales para el sector como la Administraci\u00f3n de Parques Nacionales<\/strong>. A su vez, permitir\u00eda la disoluci\u00f3n de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. La aprobaci\u00f3n de la Ley de Bases significar\u00eda una delegaci\u00f3n legislativa imperdonable en materia de gesti\u00f3n ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitaci\u00f3n de los espacios de participaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n \u201cPara que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional\u201d, afirman al cierre de la carta.<\/p>\n Por eso, las organizaciones exhortan a la C\u00e1mara de Senadores a rechazar las propuestas del proyecto de Ley de Bases. Estas colisionan de lleno contra principios jur\u00eddicos y la normativa nacional e internacional vigente en el pa\u00eds, y afectan los resultados econ\u00f3micos y productivos de diversas actividades que la norma pretende beneficiar.<\/p>\n 1.Reforma del Estado y reorganizaci\u00f3n administrativa<\/strong> 2.Fondos Fiduciarios<\/strong> El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservaci\u00f3n de los Bosques Nativos deber\u00eda recibir, de acuerdo a la Ley de Bosques, el 0,3% del Presupuesto Nacional. Sin embargo, a marzo de 2024, tiene programado un presupuesto 18 veces menor. Ante el incremento de incendios provocados de manera intencional o por el propio efecto de la crisis clim\u00e1tica, el gobierno nacional no ejecut\u00f3 ni un solo peso de los $12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A marzo de 2024, solamente se ejecutaron $275 millones dentro de la actividad Manejo del Fuego, que representan un 0,01% de lo erogado en pago de servicio de la deuda. Estos datos dan cuenta de que la disoluci\u00f3n de estos fondos es una probabilidad cierta.<\/p>\n La disoluci\u00f3n del Fondo Fiduciario para la Protecci\u00f3n Ambiental de los Bosques Nativos, implicar\u00eda la derogaci\u00f3n t\u00e1cita de los art\u00edculos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos m\u00ednimos de protecci\u00f3n de los bosques nativos (Ley 26.331): dejar\u00eda de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan (art. 30) y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de informaci\u00f3n de las diferentes jurisdicciones (art. 35).<\/p>\n Estos fondos son los pilares de las pol\u00edticas ambientales en Argentina: son fundamentales por la importancia que tiene la protecci\u00f3n de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio clim\u00e1tico, o el Fondo Nacional de Manejo de Fuego para dotar de las herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n 3.R\u00e9gimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)<\/strong> El RIGI profundiza este r\u00e9gimen de privilegio que ya tiene la miner\u00eda hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesi\u00f3n al R\u00e9gimen minero es una opci\u00f3n de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.<\/p>\n Ninguno de los art\u00edculos espec\u00edficos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentaci\u00f3n de Estudios de Impacto Ambiental ni la realizaci\u00f3n de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generaci\u00f3n de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ning\u00fan tipo de pol\u00edtica de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnolog\u00eda.<\/p>\n No hay separaci\u00f3n posible entre la promoci\u00f3n de un determinado modelo de matriz econ\u00f3mica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI y la degradaci\u00f3n ambiental. Este tipo de medidas econ\u00f3micas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participaci\u00f3n y por ende la calidad democr\u00e1tica.<\/p>\n 4.Reforma energ\u00e9tica<\/strong> Asimismo, se pretende avanzar sobre la propuesta de declaraci\u00f3n de Emergencia en Materia Energ\u00e9tica por un per\u00edodo de un a\u00f1o, junto con la consiguiente delegaci\u00f3n de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desaf\u00edos energ\u00e9ticos, clim\u00e1ticos y ambientales en nuestro pa\u00eds, permitir\u00eda las decisiones unilaterales e inconsultas, en un sector ya altamente concentrado.<\/p>\nCuatro objeciones ambientales al proyecto de ley bases<\/strong><\/h4>\n
\nImportantes organismos de la administraci\u00f3n centralizada y descentralizada corren riesgo de ver transformada su estructura jur\u00eddica, disminuidas sus competencias o, incluso, de ser eliminados. Entre ellas, la Administraci\u00f3n de Parques Nacionales, la cual podr\u00eda verse afectada de manera directa como consecuencia del art. 3 del proyecto de ley. Se trata de un organismo clave para la preservaci\u00f3n de los espacios naturales y la biodiversidad, que articula pol\u00edticas y acciones entre la naci\u00f3n y las provincias que han llevado d\u00e9cadas establecer. Tambi\u00e9n podr\u00edan verse afectados otros organismos vinculados a cuestiones ambientales como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevenci\u00f3n S\u00edsmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivolog\u00eda y Glaciolog\u00eda (IANIGLA), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros.<\/p>\n
\nEl art\u00edculo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo \u201ca modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios p\u00fablicos\u201d. Entre los fondos de relevancia para la pol\u00edtica ambiental se destacan el Fondo Fiduciario para la Protecci\u00f3n Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y otros fondos orientados al Desarrollo de Energ\u00edas Renovables y a la promoci\u00f3n de generaci\u00f3n distribuida de energ\u00edas renovables, como el FODER y el FODIS, respectivamente.<\/p>\n
\nLa creaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene por objetivo atraer inversiones de m\u00e1s de 200 millones de d\u00f3lares con fines de exportaci\u00f3n a trav\u00e9s de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el R\u00e9gimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N\u00b0 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un per\u00edodo de 30 a\u00f1os para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.<\/p>\n
\nEs imperativo destacar que el proyecto contempla una serie de disposiciones relativas al sector energ\u00e9tico que benefician exclusivamente a las principales empresas del sector hidrocarbur\u00edfero. Se propone una modificaci\u00f3n de al menos 72 art\u00edculos vinculados a la normativa energ\u00e9tica, abarcando aspectos cruciales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 art\u00edculos, deroga 9 e incorpora 2 en formato \u00abbis\u00bb; la Ley Gas Natural 24.076 modifica 6 art\u00edculos, la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarbur\u00edfero 26.741 tambi\u00e9n 2 art\u00edculos, y tambi\u00e9n en los entes reguladores de gas y energ\u00eda, y el r\u00e9gimen de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Esta amplia reforma energ\u00e9tica no solo destruye la poca soberan\u00eda nacional restante en el sector, sino que va absolutamente a contramano de los avances que creemos necesarios sobre el sistema energ\u00e9tico.<\/p>\n