Por Valeria Inés Enderle (*)
Todo inicio promete. Todo comienzo implica una oportunidad. Todos los primeros pasos una posibilidad de seguir objetivos, metas, intenciones.
Este 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales por la firma en Ramsar en el año 1971 de la «Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas», es una fecha para recordar como Estado los deberes y obligaciones asumidos en la ratificación de este instrumento internacional. También para renovar nuestro compromiso ciudadano en su cuidado, su protección, aprendiendo y transmitiendo la importancia de valorizar su existencia.
Nuestro país ha firmado y luego ratificado diversos tipos de normas obligatorias en su cumplimiento que implican responsabilidad internacional ante la inacción u omisión de parte de autoridades, empresas y personas. Además, en nuestras Constituciones nacional y provincial, previos debates, acuerdos, se insertaron derechos-deberes en relación a los bienes ambientales y principalmente, en nuestra provincia, respecto al agua. La importancia de los ríos, arroyos, lagunas está plasmada en varios párrafos de nuestra Carta Fundamental y así en algunas leyes que, con ciertos defectos, también hacen referencias a su uso, gestión y protección.
Sin embargo, la letra de la ley para que no sea letra muerta debe ser respetada, cumplida pero también exigida por la ciudadanía activa, responsable. Cuando nos referimos a los derechos ambientales también debemos saber que, correlativamente, tenemos el deber de protección, de cuidado. Y es en ese tránsito que, como ciudadanos y ciudadanas, podemos ejercer los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Tan importante es esta actividad de intervención democrática en las decisiones que tienen estricta relación con el entorno, el hábitat donde se desarrolla nuestra vida que debemos responder en las debidas oportunidades y exigir a las autoridades cuando así sea necesario.
En 2019 dos importantes sentencias fueron dictadas con el objeto de prevenir grandes desastres ambientales en los humedales de nuestra provincia. Una, en el expediente «Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)» frente a un proyecto extranjero de agroindustria extensiva y otro en la causa “Majul, Julio Jesús c/Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental” por un proyecto inmobiliario de grandes dimensiones con múltiples consecuencias ambientales. Así, los jueces que las han dictado han colocado en un lugar de guía que ilumina el sendero de la protección a principios muy claros del Derecho Ambiental: el principio de prevención, el principio precautorio y otros dos más específicos: el principio in dubio pro natura y el principio in dubio pro aqua. Es decir, desde el Poder Judicial parece que se ha comprendido –aunque en algunas ocasiones sea impuesto a partir del camino desarrollado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación- la necesidad de proteger bienes colectivos y derechos humanos fundamentales referidos a ellos.
El lema de este 2020: “Los humedales y la biodiversidad” nos debe convocar a todes porque cuando nos involucramos, nos comprometemos, ya empezamos a formar parte de la solución.
Hoy las amenazas son varias y diversas: desde la sumatoria de acciones de descuido individuales hasta las consecuencias de alteraciones ecosistémicas producidas por actividades extractivas sin control. Por ello, tenemos que empezar con nuestro pequeño aporte para hacer frente al calentamiento global (compostar, reciclar, cultivar nuestros propios alimentos) proteger las especies que allí habitan (no contaminar el aire, el agua y el suelo, no cazar ni pescar en épocas de veda, no contribuir al tráfico de fauna silvestre) y fortalecer los intercambios culturales que allí suceden (a través del ecoturismo, la compra de artesanías y productos locales).
Conservar los humedales para mantener la biodiversidad es una tarea colectiva. Por ello, como también es un comienzo de nuevos gobiernos debemos ocuparnos de exigir la participación ciudadana en proyectos que puedan afectarlos, la re-activación del PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la región Delta del Paraná) por parte del gobierno nacional y gobiernos provinciales de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, la sanción de normas que aseguren su utilización racional y su adecuada gestión desde el ordenamiento territorial y la restricción de determinadas actividades extractivas, asumiendo en el proceso de evaluaciones de impactos ambientales las correspondientes responsabilidades desde miradas integrales, estratégicas y de conocimiento y control de los impactos ambientales acumulativos. A ello se suma la urgente necesidad de contar con el inventario nacional de humedales finalizado y la norma de presupuestos mínimos que nuestros legisladores nacionales nos vienen adeudando desde hace varios años.
La conservación y defensa de estas especiales áreas naturales es tarea de todes y depende de cada uno asumir, con responsabilidad, el derecho-deber constitucional que le ha sido impuesto.
(*) Abogada. Magister en Derecho Ambiental y del Urbanismo. Especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural. Directora Ejecutiva de Fundación CAUCE, Cultura Ambiental-Causa Ecologista.
02/02/20
