Desde Fundación CAUCE rechazamos el intento de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de legitimar un proyecto que produce daños profundos sobre los ecosistemas y las comunidades del río Paraná mediante un procedimiento irregular de participación pública.
La Audiencia Pública sobre el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay) fue convocada sin cumplir con los estándares mínimos de acceso a la información, transparencia y participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y la Constitución Nacional.
A través de una acción judicial conjunta con el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Para Todos Porque Es Para Todos, solicitamos la nulidad de la convocatoria y la suspensión de la audiencia, por vulnerar derechos fundamentales de participación y acceso a la información ambiental.
El proceso fue convocado con información inaccesible y técnica, distribuida en más de 9.000 páginas sin resumen no técnico, con un objeto engañoso orientado a legitimar la concesión a operadores privados, y con falta de publicidad adecuada, ya que la convocatoria solo se difundió en Prensa y El Cronista, medios sin alcance nacional ni provincial.
Aunque la medida cautelar fue rechazada, sostenemos que este proceso carece de legitimidad ambiental y social.
Los impactos del dragado
El dragado intensivo y la profundización de la vía navegable agravan un escenario ambiental crítico en la cuenca del Paraná:
- Liberación de sedimentos contaminados con glifosato y otros compuestos tóxicos.
- Destrucción de humedales y hábitats ribereños, con pérdida de biodiversidad y alteración de los ciclos naturales.
- Erosión de barrancas y costas, producto del oleaje del tráfico fluvial de gran calado.
- Riesgos para el derecho humano al agua, ya que el Paraná y el Río de la Plata abastecen de agua dulce a más de 20 millones de personas.
Estas consecuencias no son hipotéticas: son impactos acumulativos y comprobados tras más de veinte años de intervención sobre el río, que ahora se pretende profundizar sin un proceso de evaluación y control ambiental adecuado.
Nuestro rechazo y compromiso
La mal llamada “hidrovía” no tiene licencia social ni ambiental. No puede avanzarse en un modelo extractivista que prioriza intereses corporativos sobre el derecho colectivo a un ambiente sano y a la autodeterminación de las comunidades ribereñas.
Desde Fundación CAUCE reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Cuenca del Plata y sus humedales, el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales y la plena vigencia del Acuerdo de Escazú.
Seguiremos denunciando los intentos de legitimar procesos que profundizan la degradación del territorio y reclamando una planificación verdaderamente participativa, con información accesible y decisiones basadas en la protección de la vida y los bienes comunes.
Notas relacionadas: Amparo colectivo por las irregularidades en la convocatoria a la Audiencia Pública de la Hidrovía
