La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, junto a la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje, se presentó como querellante en una causa judicial que investiga posibles delitos ambientales vinculados al proyecto de planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú, Uruguay.
La causa judicial caratulada: “N.N. s/ Infracción Ley 24.051 y otros delitos – Hidrógeno Verde”, que se tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, se originó a partir de una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal en relación con el proyecto de instalación de una planta industrial destinada a la producción de combustibles sintéticos o e-combustibles, promovido por la empresa HIF Global/ HIF Uruguay en la ciudad de Paysandú.
En este marco, a través de su presentación, CAUCE y la Asociación Arroyo Perucho Salvaje solicitamos:
- ser reconocidas como querellantes en la causa
- acceder a la totalidad del expediente
- participar en la producción de pruebas
- proponer nuevas medidas de investigación
Uno de los puntos centrales del planteo es la insuficiencia de información disponible sobre los impactos del proyecto. Según los informes técnicos analizados, existirían vacíos relevantes en la evaluación ambiental, especialmente en relación con los efectos acumulativos y sinérgicos; la generación de sustancias potencialmente tóxicas y los impactos sobre el río Uruguay y las poblaciones aguas abajo.
En este sentido, se remarca la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental de carácter transfronterizo, conforme a los estándares del derecho internacional.
Un proyecto con posibles impactos transfronterizos
El emprendimiento se ubicaría sobre la margen uruguaya del río Uruguay, frente a la ciudad de Colón (Entre Ríos), a escasa distancia de la costa argentina. Debido a su localización y características, el proyecto podría generar impactos ambientales de carácter transfronterizo, afectando el agua, el aire, la biodiversidad y las actividades económicas de la región.
Entre los principales riesgos señalados se encuentran:
- la captación intensiva de agua del río Uruguay
- la generación de efluentes industriales
- emisiones gaseosas contaminantes
- el uso y manipulación de sustancias peligrosas
- posibles afectaciones a ecosistemas sensibles y áreas protegidas
Asimismo, se advierte sobre la posible incidencia en la calidad de vida de las comunidades ribereñas, cuyo desarrollo económico y social está estrechamente vinculado al río, especialmente a través del turismo.
El derecho a un ambiente sano y el rol de la sociedad civil
La presentación se fundamenta en el derecho constitucional a un ambiente sano y en normas nacionales e internacionales que garantizan el acceso a la justicia en asuntos ambientales, como el Acuerdo de Escazú.
En este marco, CAUCE sostiene que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave en la defensa de los derechos colectivos, especialmente cuando se trata de bienes comunes como el agua y los ecosistemas.
“El ambiente es un bien colectivo y su protección no puede quedar sujeta únicamente a intereses individuales o estatales. Frente a riesgos graves o incertidumbre científica, deben aplicarse los principios de prevención y precaución”, señala la presentación judicial.
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