La jueza de Paz de Paraná, Virginia Giachello, resolvió este 22 de mayo dar intervención a especialistas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos para realizar una revisión científica del plan de recomposición del bosque nativo presentado por la Coordinación de Bosques Nativos (CBN), en el marco de la causa judicial por daño ambiental sobre monte nativo en Entre Ríos.
La medida surge luego de un pedido realizado por la parte actora —acompañado por la Fiscalía interviniente— y antes de que la magistrada decida sobre la aprobación definitiva del plan elaborado por el organismo provincial. La resolución establece que profesionales del Centro Regional de Geomática de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER deberán analizar el documento técnico presentado por la CBN e incorporar observaciones, recomendaciones u omisiones que consideren pertinentes.
En el texto judicial, la jueza retoma lo dispuesto previamente por el Superior Tribunal de Justicia, que había señalado que el plan debía ser aprobado por el juzgado luego de las diligencias que considere necesarias. También menciona recomendaciones realizadas por la propia Coordinación de Bosques Nativos respecto de la necesidad de someter el plan a evaluación de instituciones académicas y técnicas para fortalecer su validez y garantizar una adecuada implementación.
La resolución destaca además el carácter técnico y complejo de los procesos de restauración ambiental y la importancia de contar con evaluaciones interdisciplinarias e independientes. En ese sentido, la magistrada valoró especialmente la intervención previa de profesionales de la UADER, cuyos aportes ya habían sido considerados en instancias anteriores de la causa.
“Es un paso muy importante el que da la jueza a partir de nuestro pedido, acompañado por la Fiscalía que interviene en la causa, para que sean organismos técnicos y científicos quienes evalúen y realicen aportes al plan de recomposición del monte nativo. La participación de las universidades públicas en este tipo de procesos aporta rigurosidad, conocimiento situado y una mirada independiente, fundamentales para abordar conflictos ambientales complejos. En el contexto actual, también pone en valor el rol estratégico que tienen las instituciones científicas y académicas para fortalecer la democracia ambiental y las decisiones basadas en evidencia.”, señaló la abogada de CAUCE, Valeria Enderle.
La decisión judicial establece un plazo de quince días hábiles para la presentación del informe técnico y dispone que los costos y honorarios derivados de esa intervención deberán ser afrontados solidariamente por las partes demandadas, conforme lo resuelto previamente por el Superior Tribunal de Justicia.
Sin embargo, la resolución fue apelada por el Estado provincial, por lo que la decisión final sobre el procedimiento y la aprobación del plan de recomposición quedará ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia.
Relacionada:
🔗 Espinal entrerriano protegido: fallo ordena cese de desmonte y reconoce responsabilidad ambiental
27/06/26
