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Rechazo al proyecto en el Senado sobre uso sustentable de islas y humedales

Fundación CAUCE, en representación de las organizaciones argentinas que forman parte del programa Humedales Sin Fronteras, rechazó este martes ante los integrantes de las Comisiones de Producción y Legislación General de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, el proyecto de Régimen para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado en islas y humedales.

Durante la reunión de ambas comisiones, presididas por Francisco Morchio (Juntos por el Cambio-Gualeguay) en Producción y Claudia Gieco (Frente Creer-Diamante) en Legislación General, la directora ejecutiva de Cauce, Valeria Enderle, agradeció el espacio: “Y la posibilidad de aportar nuestras consideraciones en la co-construcción de normas jurídicas, por el bien común de nuestra sociedad, del ambiente y en especial de nuestros ecosistemas”.

La abogada ambientalista expuso los motivos por los cuales Fundación CAUCE, FARN, Taller Ecologista y Casa Río, -nucleadas en el programa de carácter regional que promueve el cuidado de la Cuenca del Plata- se oponen en forma rotunda y contundente a la iniciativa legislativa que se encuentra en debate en la Cámara Alta entrerriana.

“Nuestra posición es de rechazo absoluto y contundente, ya que se propone una solución jurídica parcial y fragmentada de la realidad y esto colisiona contra las Constituciones y normas nacionales y provinciales, contra la forma de legislar en materia ambiental y contra los principios del derecho ambiental moderno”, enfatizó la abogada, quien cuestionó, además: “La premura con que se busca tratar este proyecto no se condice con la sensibilidad y complejidad de nuestros territorios”.

En su exposición, Enderle reiteró: “Somos testigos de gravísimos daños ambientales ocurridos y otros por venir. Particularmente, el fuego está afectando los humedales del río Paraná desde sus nacientes hasta su desembocadura en el río de La Plata, la integridad de los ecosistemas, su equilibrio, lo que está generando enfermedades y repercusiones negativas en la salud de las poblaciones. Sabemos, y en especial ustedes, que es deber del Estado y, en consecuencia, de las autoridades legislar de forma adecuada y oportuna en materia de gestión y política ambiental para lograr efectividad en la ejecución de estas”.

En ese sentido, se manifestó que en este contexto de Emergencia Ambiental y en el medio de una pandemia mundial, “la ciudadanía precisa de soluciones que se proyecten a largo plazo. Y eso, se lograr a partir de un debate serio, participativo amplio que convoque a las y los pobladores del territorio, las organizaciones de la sociedad civil, profesionales especialistas en la materia y fundamentalmente a los municipios”. Asimismo, se instó a las y los legisladores a que den una respuesta “a través de una ley superadora a este proyecto”, ya que tal como está “es parcial, fraccionado, mezquino y unilateral”.

La exposición hizo hincapié en que la ley que surja “debe ser de ordenamiento ambiental del territorio y no un simple régimen de uso de suelo que contempla un solo sector de su territorio”. Por esa razón, es que desde las distintas organizaciones ambientalistas proponemos que se diseñe una legislación de “manera participativa para definir áreas del territorio que se destinarán a diferentes usos, como también, establecer prioridades acordes con las dinámicas de los ecosistemas y las necesidades socio-productivas de las diferentes regiones”.

En ese sentido, reiteramos que es necesario que se definan, además, cuáles serán los usos sostenibles, cuáles estarán permitidos y cuáles prohibidos para que prime la “preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica”, tal como está establecido también la Constitución, en el artículo 83.

“Para nosotros, los usos respetuosos son a través de la agroecología, la pesca artesanal, la producción en comunidades. Así, se podrán compatibilizar las necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las comunidades y la conservación de los bienes naturales de nuestra provincia. Por ello, entendemos que sólo a través de una ley de ordenamiento ambiental del territorio se podrá dar respuesta a la finalidad de legislar en materia de suelo”.

Respecto a la definición de las áreas del territorio y sus usos indicamos: “Es necesario que como los humedales forman un espacio común con Santa Fe y Buenos Aires, se hace imprescindible integrar las normas que se comparten con esas provincias, especialmente cuando tenemos, en este ámbito interjurisdiccional, un Plan Integral Estratégico de Aprovechamiento Sostenible y los resultados de la Consultoría BID Delta Sustentable”.

“Por otro lado, este proyecto se presenta en un tiempo en el que se está discutiendo una norma de presupuestos mínimos de protección de humedales a nivel nacional. Por lo tanto, de ser ley, con las características ya enunciadas, sería inconstitucional por su incompatibilidad con la complementación que exige a la provincia de Entre Ríos, el artículo 41 de la Constitución Nacional para el uso del suelo; máxime cuando todos conocemos el contenido de los proyectos que están siendo tratados en el Congreso de la Nación que tienen principios, herramientas y modelos de gestión que no tienen lugar, claramente, en este proyecto de ley de régimen de uso de suelo”.

“Si realmente existe la voluntad política de actuar por nuestro Delta, su biodiversidad, sus actividades y sus pobladores, atendiendo sus necesidades y dificultades, es esencial y urgente trabajar en la prevención y la eficacia de la recomposición de los daños ocasionados”.

La legislación que se sancione debe tener la finalidad de evitar los actos depredadores de los bienes naturales. “Me refiero al uso de agrotóxicos propio del agronegocio y sus consecuencias nefatas para la vida, la hidrovía industrial Paraná-Paraguay sus impactos y contaminación, la pesca industrial y deportiva irresponsable, la caza furtiva, los proyectos inmobiliarios, la introducción de especies exóticas, las obras de infraestructura y la extracción minera, principalmente, de arenas silíceas”, detalló.

En cuanto a lo que falta, Enderle les recordó a las y los senadores que “es preciso que se cumpla con las obligaciones pendientes exigidas por la Constitución Provincial, ya que Entre Ríos no cuenta con una ley de evaluación de impacto ambiental, tampoco con el ente encargado del diseño y aplicación de la política ambiental”.

“Es clave un cambio de paradigma entendiéndonos como parte de la naturaleza, con una nueva forma de cuidarla y cuidarnos. Es fundamental aplicar las nuevas formas de hacer normas jurídicas y de hacer política y gestión ambiental en nuestra provincia. Esto nos exige que sea con justicia social y ambiental, para superar ser regresivos y devastadores no sólo con nuestra tierra, con los que la habitamos sino también con las generaciones que vendrán”, acotó finalmente.

11/08/20

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