Acciones de monitoreo

Pedido de la Red Antifracking por los derechos de la ciudadanía de Islas del Ibicuy

Desde la Red Antifracking de Entre Ríos, que integra Fundación CAUCE, pedimos a las autoridades provinciales y locales que se respeten los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Islas del Ibicuy con acciones concretas de protección de su salud, calidad de vida y conservación de los ecosistemas.

Actualmente, en Ibicuy se encuentran activas más de 7 canteras de arenas silíceas que proveen insumo a la actividad de fracturación hidráulica en Vaca Muerta. Estos últimos días, vecinos y vecinas de la localidad debieron recurrir a un corte de ruta para ser escuchados en su reclamo, de larga data, por la reparación de la Ruta Provincial N.º 45, camino que se ha visto afectado gravemente por la creciente circulación de camiones en función de la instalación de nuevas canteras de extracción.

Como es sabido, Entre Ríos fue la primera provincia en prohibir el fracking en su territorio con expresa mención en sus fundamentos a los artículos 22, 83 y 85 de la Constitución Provincial. Sin embargo, las autoridades parecen hacer caso omiso de las mandas constitucionales y de las disposiciones normativas de la Ley General de Ambiente N°25.675, de leyes de presupuestos mínimos e incluso de leyes locales, destinando grandes espacios de nuestra provincia al sacrificio de vivir y convivir con los pasivos ambientales de las actividades extractivas.

El acceso a la información pública ambiental, respecto de la extracción de arenas en nuestra provincia, continúa siendo muy limitado y las instancias de participación pública previa a las decisiones de autorización para su operación son deficientes o, generalmente, omitidas. De esta manera, las comunidades no deciden sobre sus territorios, su desarrollo y el estándar de calidad de vida que pretenden para ellas y para las generaciones futuras.

No más zonas de sacrificio

Los impactos en la salud y en el ambiente suceden en Entre Ríos y suceden también en Neuquén. Ambas regiones se han constituido en zonas de sacrificio de un modelo de economía que sugiere desarrollo en el avance del extractivismo, en detrimento de la conservación de los ecosistemas y la salud humana.

Como señala Maristella Svampa: “El concepto de área o zona de sacrificio supone la radicalización de una situación de injusticia ambiental. Pues no se trata solamente de la emergencia de una territorialidad excluyente respecto de otras territorialidades subalternas, que quedan sumergidas o dislocadas, sino también la degradación de los territorios, de la calidad de vida, ante la consolidación de modelos de maldesarrollo, ya que con el paso del tiempo, lo que queda para las comunidades locales son los impactos ambientales y socio-sanitarios (…)” (20 mitos y realidades del fracking, 2014).

Respecto a esto, recordamos que Jorge Bustamante Alsina expresó hace varias décadas que el fundamento del Derecho Ambiental se asienta en dos pilares fundamentales: uno, la calidad de vida que se logra mediante la tutela del ambiente y el desarrollo sustentable que “(…) consiste en preservar los factores ecológicos y culturales haciendo un uso racional de los recursos naturales y un disfrute conservacionista, y a la vez progresista de los factores creados por la actividad humana para poder legarlos a las generaciones futuras como patrimonio de la Humanidad” (Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa, 1995).

En este sentido, desde la Red Antifracking de Entre Ríos expresamos que las canteras de arenas silíceas en Ibicuy y el proceso de impacto ambiental de la Planta de Beneficio (lavado y clasificación de arena) cantera ‘El Mangrullo’ son prueba suficiente de que estos dos cimientos del derecho ambiental no están asegurados en la zona.

Pedido de la Red Antifracking