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Salvaguardas socioambientales del BID: pronunciamiento sobre el proceso de revisión
Contexto
En 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comenzó un proceso de revisión de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (la Política), tanto para el financiamiento de proyectos de inversión del Sector Privado (BID Invest) como del Sector Público (BID). Las salvaguardas son requisitos obligatorios para la mayoría de las actividades financiadas por los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Establecen reglas o estándares que los prestatarios deben aplicar en los proyectos de inversión que reciben financiamiento por parte de éstos.
Por su parte, las salvaguardas de Sostenibilidad Ambiental y Social aseguran que los impactos negativos y los riesgos asociados con un proyecto financiado se identifiquen adecuadamente y se eviten, minimicen o mitiguen, maximizando los beneficios de un proyecto en pos de generar beneficios genuinos para las comunidades afectadas por el mismo. Por esto las revisiones de salvaguardas del BID Invest y del BID son tan importantes, y explican por qué la sociedad civil, las comunidades locales y los grupos indígenas deben y tienen la intención de participar y aportar sus conocimientos y recomendaciones, en pos de generar una política que sea de efectiva aplicación.
Por ello, en mayo de 2019 un grupo de organizaciones de la sociedad civil envió a la Dirección del BID una carta señalando la falta de medidas adecuadas para asegurar la participación efectiva de la sociedad civil y las comunidades en el proceso de revisión de las políticas y la falta transparencia en el desarrollo del mismo, instando al BID a diseñar e implementar un proceso de consulta sólido que sea representativo de la región e incluya voces locales; a fin de que las políticas que se establezcan no sólo muestren los objetivos del Grupo BID sino que también reflejen las necesidades y los derechos de las personas, las comunidades y los países de la región.
En este mismo marco, desde julio de 2019 este grupo de organizaciones de la sociedad civil -al cual se une Fundación CAUCE- trabajó en el análisis del borrador de la “nueva” Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID, a partir de lo cual se elaboró un documento con una serie de recomendaciones a tener presentes previo a su aprobación definitiva, ya que se entendió que cuestiones fundamentales no quedaban incluidas en dicho documento, y que en muchos casos las responsabilidades del Banco en cuanto a los controles de la efectiva aplicación de las directrices quedaban algo minimizadas.
Pronunciamiento
SOCIEDAD CIVIL, PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEMANDAN EL RESPETO DE DERECHOS HUMANOS ANTE PROCESO DE REVISIÓN DE SALVAGUARDAS DEL BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un actor clave en América Latina y el Caribe, pues apoya proyectos y reformas estructurales en sectores estratégicos de la economía. Además, impulsa procesos de reforma y modernización de los Estados, las cuales vienen generando normas y políticas que han debilitado los avances jurídicos y las garantías de protección de los derechos sociales, territoriales, ambientales, los derechos laborales y los derechos de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.
En diciembre de 2019, el BID presentó el documento de borrador de la nueva política de salvaguardas socioambientales para evitar y mitigar los impactos negativos de los proyectos que financia. A la par se inició un proceso de consultas públicas sobre dicha propuesta, el cual no ha contado con condiciones adecuadas para la participación efectiva de las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad en las distintas regiones donde se están realizando estas consultas, como Panamá, Perú, Argentina y Jamaica. Cabe destacar que dado el número de proyectos que financia el Banco en la región y el alto impacto a nivel marcroregional de los mismos, consideramos que la cantidad de consultas programadas es limitada.
Nos preocupa que las normas de carácter ambiental presentan propuestas para la conservación, recursos naturales y efectos sobre la salud humana, pero estas disposiciones podrían resultar inútiles debido a las permisibilidades y falta de seguimiento por parte del BID en caso de que el prestatario, es decir el Estado, no cumpla con lo exigido. Las disposiciones en cuanto a los derechos laborales, personas afrodescendientes, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad son insuficientes para garantizar que los Estados de la región mejoren sus políticas en dichos aspectos, se fundamenta en el recorte de sus derechos fundamentales.
Por ello, las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad abajo firmantes expresamos nuestro desacuerdo con este proceso y el contenido, ya que no cumplen con el objetivo y naturaleza de las salvaguardas, y tampoco asegura su adecuada implementación y cumplimiento, por ello demandamos:
1. Es necesario que se presenten procedimientos claros para implementar las salvaguardas, pues como se plantea actualmente, quedaría a la discreción del Banco y del prestatario la forma y el momento de cómo deben ser cumplidas, lo que las vuelve solo declarativas, y no aseguran un real compromiso por ambas partes.
2. Asegurar el fortalecimiento de las unidades de seguimiento de las salvaguardas del BID, así como la promoción e implementación en las agencias del Estado, de manera que se cuente con un equipo robusto para asegurar que los prestatarios cumplan con sus obligaciones.
3. Se deben contemplar e implementar mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción al borrador de política para impedir que el prestatario se autorregule en cuanto a su cumplimiento, sin estos candados se generaría un riesgo de malversación de fondos, conflicto de interés y permisibilidad en las acciones, pues permitiría que sea juez y
parte de sus obligaciones.
4. Establecer sanciones en cuanto al incumplimiento de los requerimientos exigidos por el BID, pues tras la lectura integral del documento encontramos que las salvaguardas no detallan cuáles serán las medidas en caso de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones.
5. Fortalecer el mecanismo de queja del Banco como es el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) y articularlo con la labor de las instituciones que cumplen el rol de resolución de conflictos en la región, de manera que se atiendan oportunamente las demandas sociales en contextos de implementación de los proyectos de inversión de la banca.
6. Generar espacios de diálogo y seguimiento sobre aquellos préstamos y acuerdos de cooperación dirigidos a la implementación y/o cambios de políticas, pues estas han sido una forma de debilitar el manejo y la gobernanza territorial, la gestión socioambiental, recortar derechos laborales y desproteger a las poblaciones vulnerables
(afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, entre otros) e incrementar el riesgo en la pérdida de la biodiversidad.
7. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información en la generación e implementación de proyectos, incluyendo enfoques sobre derechos humanos, interculturalidad y principios del Acuerdo de Escazú.
8. Incluir protocolos de relacionamiento en base a criterios como el uso de lenguas originarias, reconocimiento e identificación de grupos étnicos, como las personas afrodescendientes, derechos humanos e interculturalidad.
9. Incluir el enfoque de género, así como mecanismos diferenciados e inclusivos dirigidos a las personas con discapacidad, de manera que permita su adecuada participación y acceso a los servicios generados por los proyectos y acciones financiadas por el BID.
10. Incluir el marco legal internacional de los derechos de los pueblos indígenas y grupos étnicos (Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas) de manera expresa y conforme a los principios y lineamientos que disponen los mismos.
11. Es necesario que el documento del BID haga claridad que en el caso de los pueblos indígenas la consulta y el consentimiento previo, libre e informado son derechos fundamentales, no solo es un procedimiento. Asimismo es deber de los Estados, del BID y de las empresas garantizar el derecho.
12. Fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, promoviendo la intangibilidad de los territorios y las zonas de influencia de estos pueblos, reconociendo los marcos legales internacionales, y garantizando la exclusión de estos territorios en los proyectos, planes y políticas financiados por el BID.
13. Evitar préstamos en zonas convulsionadas por conflictos, como narcotráfico o lavado de activos, ya que se agudizan situaciones de poder, que pondrían al BID en una situación cuestionable.
Es importante que en el nuevo marco de políticas sociales y ambientales del BID no se retroceda en los avances que tiene su política actual. El BID debe contribuir a fortalecer los mecanismos y medidas de protección de los recursos naturales y de los derechos y políticas sociales, garantías a los pueblos indígenas, a los derechos laborales y de las personas vulnerables.
Por ello, exigimos que se incluyan nuestros pedidos, ya que los consideramos como un mínimo para lograr que las salvaguardas cumplan su objetivo de “transformar a América Latina y el Caribe en una sociedad más incluyente y próspera se asienta en la relación intrínseca entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental y social”. Asimismo, prevenir, mitigar los impactos socioambientales de aquellas actividades y proyectos financiados por el BID, superando las deficiencias y vacíos que acontecen actualmente y que son causa de malas prácticas en la gestión
socioambiental de los proyectos y el irrespeto de los derechos humanos, ni otros convenios internacionales firmados por los países latinoamericanos.
Lima, 3 de marzo de 2020.
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