Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP)

Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía: ¿Participación federal real?

El Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, fue designado por decreto del Presidente de la Nación como vocal del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; es decir, de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en su tramo argentino.

Si bien, Signes considera esto como un importante logro, un avance en la federalización de la gestión de la Hidrovía y la participación de las provincias, desde Fundación CAUCE consideramos imprescindible que, a la intervención amplia de los gobiernos provinciales, se sume la voz de las personas que habitan y conocen los territorios.

Antecedente

Desde Fundación CAUCE, en agosto de 2021, se presentó una Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental al Gobierno Provincial consultándole puntualmente por:
“1) Intervenciones oficiales escritas presentadas por el gobierno provincial y/o sus funcionarios en el proceso de licitación de la Hidrovía y, concretamente, la propuesta elevada al Consejo Federal de la Hidrovía del cual la Provincia es miembro permanente, brindando el acceso a copias en papel o link digital de acceso a las mismas
2) si en su función de miembro permanente del Consejo Federal de la Hidrovía solicitó la concreción de la reunión del Consejo, pendiente por la suspensión de la misma luego del fallecimiento del Ministro Meoni (en la misma se planeaba presentar un análisis y consideración sobre las propuestas presentadas a las distintas Comisiones del Consejo): 3) si existe algún proyecto interprovincial (entre las provincias de Santa Fe; Entre Ríos; Buenos Aires; Corrientes; Chaco; Formosa y Misiones) de tratamiento jurídico para con la región que atraviesa la Hidrovía, de control de la misma junto a entes nacionales y/o provinciales y cuál ha sido la postura de Entre Ríos al respecto;
4) Indique los proyectos de nuevos Puertos o, renovación o ampliación de los existentes, de extensión o ampliación de infraestructuras asociadas a ellos, de profundización de dragados en el tramo del canal navegable que se corresponde con el territorio de Entre Ríos, principalmente desde el departamento Diamante y río arriba desde allí, y de dragado o redragado en los accesos a los puertos de la provincia -públicos y privados-; señalando puntualmente el carácter de las inversiones que se harán, los fondos a utilizar y los plazos en los que se proyecta ejecutarlos.”

La respuesta a dicha solicitud fue dada de manera informal, incompleta, escrita de puño y letra por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia e invitándonos a una charla para, supuestamente aportar información o datos que, claramente, no quiso otorgar por escrito. No obstante, en noviembre del año pasado, se le hizo saber la necesidad de que respondiera de acuerdo con los preceptos legales. Cuestión que, hasta la fecha, no ha cumplido.

Entonces, nos preguntamos: ¿Cuál va a ser la participación real de este funcionario en el Ente de la Hidrovía? ¿Cómo va a representar a la provincia si no considera el acceso a la información y la participación ciudadana de quienes aquí habitamos?

Por ello, públicamente solicitamos al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos que en su nuevo rol:
-Cumpla con los preceptos constitucionales y los estándares internacionales y regionales referidos a la protección del ambiente, la salud humana y la democracia ambiental
-Informe de manera oportuna, completa y veraz sobre las propuestas de gestión de la Hidrovía que llevará al Ente, los proyectos que se hayan planificado o se estén planificando en relación a los puertos públicos provinciales y a los planes que se consideren desde el gobierno respecto de la conversión de Entre Ríos “en una plataforma logística para toda la región”, según sus propios dichos
-Habilite los canales de participación ciudadana adecuados para que los aportes que realice para la elaboración de los pliegos y la administración del futuro contrato de concesión surjan de los distintos actores de la sociedad civil y no sólo de los gubernamentales o económicos/productivos directamente interesados.

Señor Fiscal de Estado, el contexto actual de descontrol de las actividades productivas que se desarrollan en nuestros territorios, que afecta gravemente a la biodiversidad y a la salud humana, exige con urgencia la adopción de soluciones sustentables, en armonía con la naturaleza. Para ello, deben adoptarse decisiones de política pública que garanticen los derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana.

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