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Repudio al espionaje realizado por la Agencia Federal de Inteligencia
Desde Fundación CAUCE expresamos nuestro más profundo rechazo al espionaje ilegal llevado a cabo por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante la gestión de Mauricio Macri y nos solidarizamos especialmente con nuestros colegas de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que padecieron estas prácticas ilegales y antidemocráticas que atentan contra la libertad y derechos fundamentales.
En el listado de personas espiadas, se encuentran periodistas, políticos, académicos y dirigentes sociales, entre ellos María Marta Di Paola, Enrique Maurtua Konstantinidis y Pía Marchegiani, integrantes de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización con la que nuestra Fundación trabaja de manera colaborativa en cuestiones ambientales y sociales.
“Es inaudito e inaceptable que sucedan este tipo de prácticas desde una agencia del Estado, por eso repudiamos enérgicamente este accionar. Lamentablemente estas conductas demuestran su incapacidad de ser garante de derechos humanos y de la libertad de expresión especialmente”, expresó la Directora Ejecutiva de CAUCE, Valeria Enderle.
A continuación transcribimos el comunicado oficial de FARN:
NOS ESPÍAN COMO REPRESALIA POR FORTALECER LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS
Tres integrantes del equipo de trabajo de FARN figuran entre las más de 500 personas espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); la mayoría de ellas, periodistas o parte de una organización social. FARN repudia esta y cualquier otra práctica ilegal ejercida contra quienes buscan fortalecer el debate público y el diálogo institucional en el marco de la democracia, y recalca lo inadmisible del avance de este accionar ilegítimo por sobre derechos fundamentales en la Argentina actual.
María Marta Di Paola, Enrique Maurtua Konstantinidis y Pía Marchegiani participaron en representación de FARN de instancias de discusión planteadas tanto en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, como en encuentros del G-20 durante 2018, además de formar parte del grupo de Sociedad Civil 20 (C20), espacio institucional oficial para el intercambio que propone este foro internacional. En virtud de su participación en estos ámbitos, tanto la Fundación en general como Di Paola, Maurtua Konstantinidis y Marchegiani en particular figuran ahora entre las más de 500 personas e instituciones espiadas ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La utilización de sus datos personales, con fines que aún se desconocen, constituye una práctica ilegal inaceptable en un contexto democrático en tanto, según la propia norma que regula la labor de la AFI, “ningún servicio de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por su opinión política o pertenencia a una organización social (Artículo 4, inciso 2, Ley N° 25.520)”.
Todo accionar de la Agencia debe, por el contrario, ajustarse de forma estricta a lo que dispone la Constitución Nacional; esto es, respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de publicación de ideas sin censura previa, entre otros de fundamental importancia para la protección del derecho al ambiente sano, tales como el libre acceso a la información pública y la participación ciudadana.
FARN recalca lo inadmisible del avance de estas prácticas ilegales por sobre derechos fundamentales y subraya que el sistema de inteligencia debe perseguir fines legítimos de defensa y seguridad nacional siempre dentro del marco que establece el propio sistema de legalidad y razonabilidad constitucional en un contexto de democracia. Es decir, nunca afectar derechos y garantías amparados por la Constitución y ser permanentemente sometido a un estricto control democrático para jamás caer en la discrecionalidad de un poder de turno.
La democracia en general y la democracia ambiental en particular deben garantizar el ejercicio de derechos sin miedo a represalias; un espionaje como este podría, por el contrario, amedrentar a las personas, hacer que se abstengan de emitir opiniones críticas o “disruptivas” que permitan repensar la organización de la sociedad y/o la orientación del desarrollo a los que debe aspirar la Argentina.
Por todo lo expuesto, FARN expresa su más enérgico repudio al espionaje ilegal realizado por la AFI tanto contra los integrantes de su equipo de trabajo como contra periodistas y colegas de otras organizaciones sociales, accionar que no tiene explicación ni merece atenuantes; manifiesta que realizará todas las acciones legales e institucionales necesarias para esclarecer este lamentable hecho como así también para brindar protección a sus integrantes; y agradece la solidaridad recibida al tiempo que expresa la suya para con quienes padecen esta persecución antidemocrática injustificable.
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09/06/20
