Cartas a senadores para manifestar nuestro rechazo al RIGI y al RINI en la provincia

La Coordinadora Provincial contra el RIGI y el RINI, espacio que integra Fundación CAUCE, estuvo presente en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Provincia. El miércoles 4 de septiembre se realizó una acción para interpelar a las y los legisladores respecto a la postura que tomarán sobre la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), iniciativas que ya tienen media sanción en Diputados. Asimismo, se hizo entrega de nuestra carta abierta provincial para el rechazo del RIGI/RINI en mesa de entrada y en mano a cada legislador/a,  como también la carta nacional presentada en todas las provincias donde está tratándose el RIGI, que cuenta con miles de firmas.

Paraná, 4 de septiembre de 2024

Sra. Presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Entre Ríos
Vicegobernadora Alicia Griselda Aluani
S / D:

De nuestra mayor consideración

Las organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, educativos, científicos y de investigación, culturales, artísticos, sindicatos, movimiento de trabajadores, pequeñas y medianas industrias, comerciantes y pequeños productores rurales y urbanos de Entre Ríos, nucleados en la Coordinadora Provincial contra el RIGI y el RINI, nos presentamos ante Usted, y por su intermedio, a todos y todas los senadores y senadoras de la Honorable Cámara que preside para expresarles nuestro más profundo rechazo al proyecto de ley que ha obtenido media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, que impulsa la adhesión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el marco de la Ley Nacional 27.742 y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (Ref. Expediente N° 27.257). Ello así, por los motivos que a continuación pasamos a exponer:

En general, el RIGI se trata de un régimen que vulnera manifiestamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los distintos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas, particularmente en materia ambiental, de derechos humanos y de la gestión democrática de las cuencas y el acceso a sus aguas y del territorio en general.

Tampoco garantiza la creación genuina de puestos de trabajo o la resolución de problemáticas propias de nuestra provincia. En este sentido, las áreas comprendidas en el fomento de estos regímenes y, por los montos necesarios para su implementación, advertimos que quienes adhieran y lo promuevan, deberán asumir una alta conflictividad social por las consecuencias sociales, ambientales, laborales, fiscales y económicas en su implementación y la corresponsabilidad tanto institucional como jurídica, ante semejante decisión de privatizar los beneficios para pocos y socializar los costos a todo el pueblo. De esta manera, enfrentarán las necesidades y anhelos de una amplia mayoría de la población contra los intereses espurios de sectores minoritarios y, en su mayoría, extranjeros.

Por poner sólo algunos ejemplos para clarificar, el marco legal del RIGI viola el artículo 41 de la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial en un sinnúmero de sus artículos, el principio de «no regresión»; la ley General de Ambiente (25.675); la ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (27,520); el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25.688), entre otras normas. Al mismo tiempo, de ser aprobado este proyecto, se anularía la posibilidad de ejercer el derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT) y, para la población en general, de contar con acceso a información adecuada para participar en procesos de toma de decisiones que afecten a los territorios donde habitamos (Acuerdo de Escazú) y se violaría flagrantemente otros tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, con la consecuente responsabilidad que ello implica.

Advertimos con gran preocupación que, por lo dispuesto en su Capítulo XI – Artículo 224, la legislación invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”, nuestra Provincia estaría cediendo gran parte de su autonomía en términos políticos, legales y ambientales. Señalamos que esos “términos y condiciones” son una amenaza para el acceso al agua, la gestión racional y sustentable de las cuencas fluviales de nuestra provincia y los territorios, los bienes comunes, y los derechos inalienables de las poblaciones locales. Por ello, consideramos necesario mantener a nuestras localidades fuera de sus implicancias y de este régimen que beneficia a pocos y perjudica a las grandes mayorías.

Por otro lado, entendemos que a partir de las frondosas facilidades impositivas y cambiarias que el RIGI y el RINI proponen no sólo para futuras “explotaciones” de los bienes naturales comunes, sino incluso para las ya existentes, el RIGI implica, entre otras cosas, que toda política de protección ambiental conquistada podría ser considerada nula. Y, sumamente grave es que, ante situaciones de escasez, grandes empresas de capitales locales y transnacionales podrían tener prioridad en el uso y abuso del agua o la energía por sobre las necesidades comunitarias. De igual modo, la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de las economías regionales que aún subsisten.

El RIGI establece un esquema de zonas económicas liberadas, con exención fiscal e inmunidad legal. Incluso, ya es grave la protección militar que existe vía resolución 499/24 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que avala la criminalización de las comunidades y organizaciones en resistencia que hemos estado y seguiremos estando, sin dudas, a lo largo y ancho de nuestra provincia defendiendo el territorio contra el RIGI y el RINI. A ello se adiciona, que se beneficia a las grandes inversiones, ante reclamos que las involucren, con la posibilidad de apelar a tribunales internacionales como el CIADI de amplia trayectoria en fallos contra nuestro país, violando así nuestra soberanía.
Es más, el articulado del RIGI/RINI flexibiliza las condiciones para las empresas beneficiarias con relación a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y aleja aún más la posibilidad de exigir Evaluaciones de Impactos Acumulativos y Estratégicas. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Por todo lo expuesto, REAFIRMAMOS que no hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI/RINI y la profundización de la degradación socioambiental en una provincia históricamente atravesada por el saqueo y la contaminación; y RATIFICAMOS nuestra solicitud de TOTAL RECHAZO al proyecto de ley con media sanción, ingresado para revisión del Senado en la sesión del día de la fecha (4/09).
Sin más, lo saludamos con atenta consideración.

Coordinadora Provincial contra el RIGI y el RINI en Entre Ríos